domingo, 11 de julio de 2010

Opinión| 10 Jul 2010 - 11:00 pm
Fobia a las Cortes
Fuente: http://www.elespectador.com

Por: Alfredo Molano Bravo




UNA VEZ MÁS —Y NO SERÁ LA ÚLTIMA— Uribe trata de invalidar la sentencia de una corte de justicia, esta vez de la Corte Interamericana de DD. HH., que ha condenado al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda Vargas a pedir perdón en un acto solemne transmitido a todo el país por televisión.  

Por supuesto, Uribe no lo hizo, o lo hizo a medias, desdeñoso y soberbio. Salió a decir, con ese tono camorrero que se le conoce, que al Estado no lo pueden obligar a pedir perdón en nombre del odio. ¿Odio de quién? ¿De su hijo, el representante a la Cámara Iván Cepeda, a quien el Presidente ha calificado de ser un “hostigador a que se violen los derechos humanos” y quien, por su padre, “derrama lágrimas de cocodrilo”? No debía sorprender a nadie. Es el talante de Uribe. Creo que Iván, que es un hombre noble, pasaría de agache la ofensa, no, claro, la burla al alto tribunal. Uribe teme a las Cortes. A todas, menos a la suya compuesta por personajes todos o casi todos judicializados por paramilitarismo, chuzadas telefónicas, falsos positivos. Parece curarse en salud. Se anticipa a lo que sospecha, con sobrada razón, que le viene pierna arriba. Anda, como si dijéramos, armando preventivamente su alegato defensivo. Pero es, además, un hombre vengativo. No le perdona a Iván que hubiera publicado A las puertas del Ubérrimo, que prueba con evidencias recogidas en Córdoba que el paramilitarismo aunque se vista de seda, mona se queda. Es lo que estamos viendo ya en todo el país. 

Y que es lo mismo que Hollman Morris ha venido mostrando y demostrando en sus reportajes de Contravía. Hollman ha sido llamado, con razón, el “testigo incómodo” que muestra con las cámaras lo que dice la gente y sobre todo lo que dicen las víctimas de la violación de los DD. HH. y de los crímenes de los paramilitares y de la guerrilla. Al Gobierno le cae como una patada en las verijas toda denuncia que desconozca la verdad oficial. La censura de prensa está absolutamente prohibida por la Constitución, pero el acusar de terrorista o de colaborador del terrorismo a quien no comulgue con las ruedas de molino del Ejecutivo, es un siniestro recurso para imponer el unanimismo y sobre todo para que la impunidad haga nido. Uribe y Santos acusaron a Hollman de ser un colaborador de la guerrilla por haber cubierto la liberación de tres soldados y luego la de Alan Jara. Lo que ofendió al gobierno fue que Morris se hubiera brincado el conducto regular. O sea, la invitación oficial para ir a mirar la guerra. Hollman llegó por sus propios medios al lugar de la entrega y se reservó, como lo garantiza la Constitución, el secreto de la fuente que le permitió llegar. La libertad y el derecho de información suponen el rebusque de fuentes y el modo de cubrirlas. En EE. UU. el secreto profesional del periodista es reconocido como derecho absoluto, entre otros estados por el de California y el de Nueva York, los estados más liberales de la Unión. Por ello extraña que se le haya negado a Hollman Morris la visa a EE. UU., máxime cuando la Fundación Nieman de la Universidad de Harvard, “profundamente impresionada por el valor de su trabajo como periodista y por su enfoque en las víctimas de la larga lucha en Colombia”, le había otorgado la prestigiosa beca anual de estudios que recibieron al mismo tiempo 12 periodistas internacionales y que hace años recibieron Juan Manuel Santos y Quico Lloreda. Sorprende además que el Departamento de Estado haga eco al G3 del DAS que ordenó, según documentos incautados por la Fiscalía, organizar una “campaña de desprestigio a nivel nacional e internacional que lo vincule a las Farc” y “gestionar robo y suspensión de la visa”.

Al gobierno no le ha gustado que lo pillen en sus desafueros, que las víctimas sean escuchadas. Mucho menos que tengan razón y que esa razón se la den las Cortes. No le gusta porque echa al suelo las verdades oficiales que tanta astucia y dinero le ha costado al Ejecutivo imponer a la opinión pública.